Por Jorge Barralaga
2 casos como los ocurridos en las últimas semanas a 2 familias marcalinas, deberían bastar para hacer algo y no esperar a que se den nuevos hechos para salir alarmados, buscando la ayuda del Estado para que nos salve de la amenaza de los delincuentes. Entendamos que, básicamente estamos solos frente al problema y eso obliga a desarrollar mecanismos de defensa, los que sean posibles a la ciudadanía común, sin formación e infraestructura policial.
2 casos como los ocurridos en las últimas semanas a 2 familias marcalinas, deberían bastar para hacer algo y no esperar a que se den nuevos hechos para salir alarmados, buscando la ayuda del Estado para que nos salve de la amenaza de los delincuentes. Entendamos que, básicamente estamos solos frente al problema y eso obliga a desarrollar mecanismos de defensa, los que sean posibles a la ciudadanía común, sin formación e infraestructura policial.
Un primer paso se dio el sábado 9 de octubre, con la creación de una comisión de trabajo que se ocupará de proponer las medidas inmediatas y también acciones en el mediano plazo, que ayuden a enfrentar el problema. Esta comisión parte de al menos 2 premisas: Que ni la policía preventiva ni la DGIC muestran capacidad alguna de ayudar más allá de registrar los casos que ocurran y, que la población tiene el deber y el derecho de hacer algo al respecto, por mínimo que sea.
Como en todas las cosas, hay medidas que cada familia y cada individuo debe tomar cuando está frente a una amenaza y también hay medidas que requieren de la organización necesaria a nivel del barrio, de la aldea e incluso en cada cuadra. Lo que se busca es desarrollar capacidad de respuesta de la gente frente a un problema concreto y no depender solo de la voluntad o la valentía de alguien cuando alguna persona está en peligro.
En este esfuerzo será importante contar con la participación directa de la Corporación Municipal que, más allá de su obligación, cuenta con mecanismos que serán imprescindibles para un trabajo más efectivo. Me refiero a las ordenanzas como acción coercitiva, a tareas de vigilancia de la policía municipal, a desarrollar campañas de seguridad ciudadana entre la población y hacer del tema de seguridad un componente del plan Estratégico y operativo municipales.
De momento, hay algo que debe estar claro para todos (as), esta comisión no es ni podrá ser un órgano para-policial, no se creó para denunciar casos ante la policía y mucho menos crear atmósferas de sospecha generalizada al fomentar la denuncia irresponsable. Su función más importante es preparar a la población para enfrentar el problema de inseguridad y esto requiere de acciones en varios aspectos que todavía no conocemos.
Bajo circunstancias diferentes, la Policía Nacional tendría un papel protagónico en el manejo de esta situación pero ese no es el caso; sus oficiales reconocen estar infiltrados por la delincuencia y la población lo sabe, no hay manera de confiar. Así que, por ahora solo queda actuar con nuestras posibilidades, el Estado no tiene capacidad de respuesta a la mayoría de las necesidades de la población y esperar a que hagan algo será la peor de las salidas.
Publicado por El Marcalino
Edición 170, 11 de octubre del 2010
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