Ilegal ajuste de impuestos

Marcala, La Paz. Continua el conflicto en Marcala por el ajuste a la tasa catastral realizado en el año 2009 que para muchos contribuyentes dentro del municipio es impagable. “En el año 2005 no se realizó la aplicación del ajuste catastral por que se tomo la decisión dentro de un cabildo abierto participativo, tomando en cuenta que no existían las condiciones económicas para realizar los pagos”, detalló la ex alcaldesa de Marcala durante el periodo 2002 – 2006 Marilú Urquia. Durante el periodo de administración municipal no se hizo el ajuste, pero no fue por desconocimiento sino más bien porque los ciudadanos se manifestaron en contra, durante ese año se formo una comisión para hacer un estudio y que se concluyo. Pero se fallo en el seguimiento. Urquia agregó que la ley ordena que se hagan los ajustes en los años terminados en cero y en cinco, “en ningún momento se estipula que se tiene que hacer en los años terminados en nueve como ocurrió en Marcala”. Lo que manifiesta la corporación municipal es que se debió hacer el ajuste en el año 2005, pero se debe tomar en cuenta que los que toman la decisión al final dentro del municipio son los ciudadanos porque los corporativos solo son administradores y no se puede obligar a los contribuyentes a pagar cantidades excesivas, sin evadir el pago de los impuesto tomando en cuenta la situación económica que se vive, destacó la ex alcaldesa. Urquia consideró que es importante que la corporación municipal de Marcala llegue a un consenso con los ciudadanos para hacer una consideración de la tasa de impuestos porque está fuera de la ley porque se hizo en el año 2009. Lo que no se puede obviar en esta situación, es que las municipalidades son autónomas y que los servidores públicos se deben a los ciudadanos, que son quienes los colocan para legislar a favor del pueblo, así que no se puede alegar que existirán reparos para lo los corporativos. Los impuestos se imponen por medio del Congreso Nacional y estos se tienen que pagar y las municipalidades no tienen la potestad de quitarlos, pero si pueden hacer las consideraciones vía Gobernación y Justicia, concluyó Urquia. Publicado por El Marcalino 08 de marzo del 2010, edición 139.