Corte Suprema y Ministerio Público le dan la espalda a la justicia en Honduras

Defensores en Linea

El Poder Judicial no ha respetado el debido proceso en una serie de acciones judiciales y penales incoadas contra el régimen dictatorial de Roberto Micheletti, denunciaron este día en conferencia de prensa, las Feministas en Resistencia contra el Golpe de Estado, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y el Centro de Derechos de Mujeres (CDM). Las organizaciones revelaron que desde el día del golpe de Estado, perpetrado el pasado 28 de junio hasta el 10 de septiembre del año en curso, se han presentado al menos 10 recursos de inconstitucionalidad, 16 recursos de amparo y 26 hábeas corpus que han sido interpuestos ante el poder judicial contra el actual régimen dictatorial, sin resultado alguno. En un comunicado distribuido a la prensa nacional e internacional, las organizaciones de derechos humanos denunciantes afirmaron que la Sala de lo Constitucional, ha desestimado algunos recursos y no se ha pronunciado en otros, contrario a lo que sucedió cuando el presidente Manuel Zelaya Rosales fue violentamente sacado del poder y se inventó un proceso judicial que en el lapso de 13 horas les permitió fabricar las débiles justificaciones para el uso de la fuerza contra el mandatario. Respecto al Ministerio Público sostuvieron que se han interpuesto denuncias ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, en contra de la policía y las fuerzas militares, ante la Fiscalía contra la Corrupción, contra el ex presidente Carlos Roberto Flores y el cardenal Oscar Andrés Rodríguez por malversación de caudales públicos. El documento señala que hace 90 días otras denuncias por los delitos de traición a la patria, contra la forma de gobierno y contra altos funcionarios del Estado, terrorismo, rebelión, falsificación de documentos públicos, abuso de autoridad y allanamiento de morada contra el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez y los comandantes de fuerzas militares; Miguel Antonio García Padgett, Juan Pablo Rodríguez y Luis Javier Prince. Así como contra el presidente de facto Roberto Micheletti, el presidente de facto del Congreso Nacional José Alfredo Saavedra y los diputados Ramón Velásquez Nazar, Juan Orlando Hernández, Toribio Aguilera, Martha Lorena Alvarado y los demás parlamentarios y parlamentarias que participaron y aprobaron el decreto de destitución del presidente Zelaya, no han tenido respuestas por parte de la fiscalía General de la República. “En estas denuncias no se han iniciado diligencias o solamente se han enviado oficios a las instituciones pertinentes y éstos no ha sido contestados, pese a que las mismas tienen hasta 3 meses de haber sido interpuestas”, recalca el comunicado. Añade que estas acciones son en “contrario a lo sucedido con los hondureños y hondureñas en resistencia que, sin pruebas han sido acusados por delitos políticos, por lo que condenamos especialmente el juicio político realizado el día martes 29 de septiembre en el cual se dictó auto de prisión con privación de la libertad en contra de la maestra Agustina Flores López, hermana de la dirigenta indígena Berta Cáceres. Comparecieron en conferencia de prensa la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva, la abogada del Centro de Derechos de la Mujer (CDM), Claudia Hermandorfer y el abogado Donato Elvir en representación del Frente de Abogados contra el Golpe de Estado. La Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva sostuvo que estamos aquí en las puertas de la Corte Suprema de Justicia con la plena prueba de las acciones legales que hemos emprendido para procurar justicia. Oliva recalcó que “nosotras quisiéramos tener un sistema de operación de justicia que ya tuviera requerimientos fiscales contra las personas que han dado muerte a Wendy Avila , Marco Antonio Canales Villatoro, José Miguel Osorio, Pedro Hernández, Roger Abraham Vallejo Soriano, Vicky Hernández Castillo, Francisco Alvarado, Félix Murillo López, José Milton Rodríguez Reyes, Juan Gabriel Figueroa, Pedro Magdiel Muñoz Salvador, Alexis Fernando Amador, Roger Iván Bados y a una persona identificada solo como Israel”. “Quisiéramos que la Corte Suprema y que los operadores de justicia estuvieran haciendo requerimientos fiscales contra los que han cegado la vida de estos hombres y mujeres que a plena luz del día en la mayoría de los casos fueron detenidos por agentes de la policía y al día siguiente, encontrados muertos, de nunció la defensora de derechos humanos. Por su parte Donato Elvir del Frente de Abogados contra el Golpe de Estado (que aglutina a unos 500 miembros) dijo que queremos levantar nuestra voz de protesta para que se conozca tanto a nivel nacional, aunque sabemos que es difícil porque las noticias que emanan del pueblo no son transmitidas por los medios, porque sabemos que se han convertido en instrumentos del poder de facto que está actualmente en Honduras. “Pero esperamos que algunos de los medios que están acá hagan conocer pueblo hondureño esta realidad que nosotros estamos transmitiendo esta mañana y también para que a nivel internacional se conozca el estado de barbarie en que estamos viviendo en Honduras y para pedir auxilio a nivel internacional porque nos sentimos en muchos casos impotentes ante la situación de represión que estamos viviendo”, demandó el profesional del derecho. Elvir destacó que se ha acusado al Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, de realizar manifestaciones violentas y todos sabemos al igual que los medios de comunicación, que la principal característica de las manifestaciones ha sido ser pacíficas, únicamente reclamando que se vuelva al orden constitucional, que se restablezca el orden jurídico, aunque la Constitución nuestra en su artículo 3 establece que podemos hacer uso de la rebelión, pero esta rebelión ha tenido la característica de ser pacífica. Claudia Hermandorfer (CDM) resaltó que el presidente Roberto Micheletti y el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas están acusados, “esto poco se maneja, ellos tienen denuncias ante el Ministerio Público y éste admitió las denuncias que presentamos los ciudadanos contra estos personajes y el Ministerio Público, no ha hecho nada. “Ha omitido acciones que debe de implementar por el mero hecho de sus funciones como Ministerio Público, este Ministerio está violando los derechos humanos del pueblo hondureño al no ejercer sus funciones”, denunció la abogada. También ha trascendido que funcionarios del actual gobierno de facto, empresarios que financiaron el golpe de Estado, ex presidentes de la República, magistrados y parlamentarios y parlamentarias estarán siendo investigados por la corte Penal Internacional por el delito de persecución política y delitos de lesa humanidad.