Gobierno de facto en franca persecución contra periodistas venezolanos

Agentes de la DNIC interrogan a los periodistas.

Por: Marvin Palacios

Defensores en Linea.

El gobierno de facto de Roberto Micheletti asestó otro golpe a la libertad de expresión y la libertad de prensa, cuando policías detuvieron ilegalmente por varias horas, la madrugada de este domingo a periodistas de la Televisión Nacional Venezolana y Telesur. La mayoría de los periodistas y camarógrafos venezolanos abandonaron el país al mediodía, ya que no existen garantías suficientes para la seguridad personal de los comunicadores, ni tampoco para el ejercicio profesional del periodismo, durante este gobierno de facto. Horas antes de partir hacia su país de origen, varios agentes de investigación criminal al mando de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, tomaron declaraciones de los reporteros y camarógrafos que fueron objeto de abusos y amenazas por parte de efectivos policiales. De acuerdo a las denuncias expresadas a defensoreselinea.com, alrededor de las 10:00 de la noche del sábado, varios policías se apostaron en la entrada del Hotel Clarión en la colonia Alameda, para impedir la salida de periodistas y camarógrafos venezolanos. Hacia la medianoche, al menos 6 de los 11 periodistas venezolanos fueron capturados y conducidos hasta la Jefatura Metropolitana de Policía número 1, ubicada en el centro de la ciudad, en donde les fueron decomisados sus pasaportes y permanecieron detenidos hasta las 3:00 de la madrugada del domingo 12 de julio. La Coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Bertha Oliva se trasladó junto a una procuradora de derechos humanos hasta el hotel, con el fin de conocer de las denuncias de los periodistas que durante el tiempo que han permanecido en el país, han sido objeto de seguimientos y amenazas por parte de la policía nacional.

Oliva expresó que la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) no puede tener ningún argumento válido cuando de inicio ha habido un atropello a la libertad de expresición. “Cuando un hotel es militarizado porque aquí se encuentran periodistas venezolanos, estamos hablando entonces que lo que quieren es confrontar a un vecino país para justificar cualquier tipo de agresión y de violación a los derechos humanos, o sea justificar la represión”, señaló la Coordinadora del Cofadeh. Por su parte, Ariel Vargas, primer secretario de la embajada de la República Bolivariana de Venezuela expresó que anoche hubo un incidente bastante extraño aquí, es una violación más que está cometiendo el gobierno de facto de Micheletti, ya habíamos tenido otro incidente parecido con periodistas. El diplomático narró que la noche del sábado se presentó un equipo de la policía nacional y del grupo del Comando de Operaciones Especiales (COBRA) y se llevaron detenidos a 6 periodistas de la cadena Telesur “sin ninguna justificación, los tuvieron retenidos como hasta las 3:30 de la mañana aproximadamente, casi cinco horas estuvieron detenidos”. Vargas señaló que “les quitaron sus identificaciones, sus pasaportes, sin ninguna causa, los tuvieron detenidos en la Jefatura Metropolitana número 1, los tuvieron ahí y luego como decimos en Venezuela, los tuvieron ruleteando, los sacaron en unos vehículos, los cambiaron de vehículos, los volvieron a regresar”. Gracias a la intervención de la embajada de Venezuela, los periodistas fueron puestos en libertad y retornaron como a las 4:00 de la mañana al hotel en donde se encontraban hospedados.

Pensamos que ahí el incidente había quedado superado, sin embargo el día de hoy, el hotel Clarión amaneció tomado por un grupo de policías que expresamente prohibieron la salida de los venezolanos del hotel. Ante esta situación hicimos acto de presencia aquí, llamamos a la Fiscalía de Derechos Humanos para que investigara qué era lo que estaba pasando y recibimos el apoyo solidario de la gente del Cofadeh, tomándoles declaraciones a los periodistas, dijo Vargas. Se conoció que el Cofadeh solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares de seguridad para el equipo de periodistas y camarógrafos que se quedará en Honduras para continuar con su trabajo periodístico. Asimismo solicitará la presencia de una misión de la CIDH para que visite el país y constate las violaciones graves en que están incurriendo fuerzas policiales, militares y de investigación en contra de ciudadanos nacionales y extranjeros en el país. Vargas recalcó que lo ocurrido es “evidentemente, porque no hay otra manera de calificarlo, sino como una clara violación a todos los derechos fundamentales a los derechos humanos, esta es una violación a la libertad de información, a la libertad de expresión, es una más, de las violaciones que el gobierno de facto de Roberto Micheletti ha cometido en Honduras”. Entre tanto el camarógrafo Héctor Lantem de Venezolana de Televisión declaró que “lo que me indigna a mí es que yo he viajado por todo el mundo y primera vez que me pasa esto y yo no sé si es una agresión contra medios de comunicación de Venezuela, porque aquí en el hotel hay medios internacionales de Estados Unidos, España, Colombia y la saña es contra nosotros”.

El asistente de la Fiscalía de Derechos Humanos, Jaime Ramos explicó que la abogada Sandra Ponce (Fiscal Especial de Derechos Humanos) se comunicó conmigo para informarme que me desplazara aquí al Clarión, debido a que hubo seis periodistas aparentemente de la cadena Telesur, que fueron objeto de detención; por ello nos desplazamos con agentes de investigación criminal para hacer las diligencias investigativas correspondientes. “Vamos a hacer una inspección a la policía metropolitana, revisar los libros de novedades y ver cuál fue el motivo por el cual fueron detenidos. Hay que ver el motivo, para toda detención hay que ver por qué se detiene”, sostuvo Ramos. Explicó que para detener a un ciudadano deben existir al menos 3 motivos, uno porque tenga una denuncia, dos porque lo agarren infraganti y tres porque sea sospechoso de una falta o acto delictivo. Eduardo Silvera periodista de Telesur dijo que la justificación de la policía fue que la captura era una retención preventiva para revisar documentos, “documentos que nunca revisaron por ningún fiscal, porque nunca apareció un fiscal, y nos dijeron que teníamos que esperar a migración y migración, nunca vino acá”. “Yo vine a trabajar acá, a enfocar la información que muchos no estaban dando, ha mostrar esa verdad, y por mostrar esa verdad, por hacer nuestro trabajo, pasa lo que pasó”, dijo visiblemente indignado el periodista Eduardo Silvera. Yo soy prensa internacional, debería tener más garantías que cualquiera, y no se cumplieron las garantías, ni estando mi embajador afuera se cumplieron las garantías, expresó Silvera. El joven periodista venezolano sostuvo que “desde que llegamos al país yo sentí un seguimiento constante, mi camarógrafo el segundo día de estar acá, lo detienen en un centro comercial, no lo dejaron comer, le retienen su pasaporte y se lo quieren llevar preso”.

Agregó que el día que hubo una marcha a favor del gobierno de facto de Michelettí en Casa de Gobierno “fui a cubrir esa marcha, me revisaron como si fuera un delincuente, había cien mil personas a mi alrededor y no revisaron a ninguno, pues sí, sentí una persecución directa”. Silvera sostuvo que el día en que militares dispararon balas vivas en el aeropuerto contra miles de manifestantes, “esos disparos iban directo donde estaba la prensa internacional, ustedes lo pueden ver, donde estaba la prensa internacional, ahí estaban los disparos”. No solo la prensa venezolana ha sufrido seguimientos y violaciones a sus derechos humanos, también la prensa nacional ha experimentado los abusos del gobierno de facto de Roberto Micheletti. Horas después de que un comando militar asestará la madrugada del 28 de junio el golpe de Estado contra el presidente constitucional de la República Manuel Zelaya Rosales, Canal 36 y Radio Globo fueron militarizados y su señal fue sacada del aire. Hasta después de 5 días, los periodistas de estos medios de comunicación pudieron finalmente informar con objetividad a la nación sobre las consecuencias posteriores al golpe de Estado, en las que la comunidad internacional ha condenado las acciones golpistas, desconocido al gobierno de facto de Roberto Micheletti y ha instado a la restitución del presidente Manuel Zelaya Rosales.