Exigimos respeto a la vida de los comunicadores, comunicadoras sociales y periodistas, asimismo respeto a la libertad de expresión y el derecho a ser informados-as e informar.
16 de marzo del 2010
Después del golpe de Estado en Honduras, consumado el 28 de junio de 2008, el trabajo periodístico en el país se ha convertido en algo peligroso que vulnera la vida y derechos de aquellos y aquellas que lo ejercen. Durante el golpe de Estado muchas son las denuncias que se interpusieron por parte de comunicadores sociales, periodistas y directores de medios de comunicación por las constantes amenazas por parte de los militares.
A inicios de 2010 la Radio Coco Dulce sufrió un atentado criminal por parte de desconocidos que llegaron a las instalaciones de la radio y la prendieron fuego, radio que es parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) Honduras.
Durante los primeros 15 días del mes de marzo de 2010 en Honduras se registra el asesinato de tres periodistas: el 1 de marzo desconocidos asesinaron de varios disparos al periodista Joseph Ochoa, el 11 de marzo en igual circunstancias fue asesinado el periodista David Meza en la ciudad de la Ceiba, atlántico hondureño, y el 14 de marzo fue asesinado el periodista Nahúm Palacios en la ciudad de Tocoa, departamento de Colon. A Palacios la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le había otorgado medidas cautelares, el 24 de julio de 2009, por los peligros que enfrentaba al realizar su labor periodística.
El asesinato de un periodista, motivado por su trabajo periodístico, evidencia la forma más extrema de censura y violación al derecho de informar y estar informado de todos los ciudadanos y ciudadanas que encuentra en su trabajo una fuente de información.
Por esta situación de inseguridad que se vive dentro del ejercicio periodístico el Estado de Honduras está en la obligación de prevenir, investigar y sancionar según la ley a los responsables de los asesinatos de periodistas y comunicadores sociales.
Se hace necesario y urgente que la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DGIC), responsables de realizar las investigaciones, y el Ministerio Publico, por medio de la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos que tiene el mandato de velar por el respeto de los derechos y garantías de los hondureños y hondureñas, sigan los procedimientos legales para esclarecer estas muertes y que estos casos no pasen a ser parte de la bodega de expedientes. Para que no se continúe dando libertad a los victimarios para atentar contra los comunicadores, comunicadoras sociales y periodistas.
Como AMARC Honduras expresamos nuestra solidaridad con los familiares de Joseph Ochoa, Nahúm Palacios y David Meza y nos sumamos a las exigencias de comunicadores sociales, periodistas y estudiantes de periodismo que se han manifestado a nivel nacional, para que el Estado de Honduras garantice de manera efectiva la vida de los comunicadores, comunicadoras sociales y periodistas, y la de sus familiares y compañeros de trabajo.
Como AMARC Honduras hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se solidarice con los comunicadores, comunicadoras sociales, periodistas y con la ciudadanía en general por el clima de inseguridad que se vive dentro de un Estado que aspira a vivir en democracia. Esta democracia, creemos, se hará real cuando se respete el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información y comunicación. Como reza el artículo 72 de la Constitución de la Republica de Honduras: “Es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin previa censura. Son responsables ante la ley los que abusen de este derecho y aquellos que por medios directos o indirectos restrinjan o impidan la comunicación y circulación de ideas y opiniones”.
AMARC HONDURAS
Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, Honduras.
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