Palo Blanco, La Paz. Los habitantes de la zona recuperada por Honduras denunciaron ante los comisionados de seguimiento binacional la violencia ejercida por parte de la Policía Nacional y la sentencia emitida por los juzgados de Marcala para desalojar de sus tierras a habitantes de la zona.
Los comisionados Coronel Abrahán García Turcios de Honduras y el General Álvaro Rivera Alemán de El Salvador coincidieron que la emisión de títulos de propiedad de los habitantes de la zona se encuentra en proceso en las oficinas del Instituto Nacional Agrario (INA) y que no tienen que haber intermediarios en la adjudicación porque es una potestad de los comisionados y el INA.
El miércoles 13 de agosto del 2008 a la comunidad del Mono se presentó la Jueza de Santa Elena, policías preventivos y 2 elementos del décimo batallón de infantería a realizar el desalojo de la señora María Ilia Márquez Claros de su propiedad por orden del juzgado de letras de Marcala.
Ante el eminente desalojo los habitantes de la comunidad procedieron a evitar que se continuara con la destrucción del cerco perimetral de la propiedad de Márquez, momento que utilizo el policía preventivo identificado como Corea y asignado al municipio de Santa Elena hizo un disparo contra los moradores de la comunidad. Situación por la cual dirigentes de la zona solicitaron un mejor trato por parte de la policía y soldados para evitar incidentes en el futuro además, que dejaron claro que no es que estén en contra de la presencia policial en la zona siempre y cuando respeten sus derechos y se les de un tratamiento especial amparados en
la convención sobre nacionalidad y derechos adquiridos ratificada en el año 1999.
La señora María Elia Márquez Claros tiene en su poder el testimonio de escritura pública emitida el 22 de octubre de 1981 cuando su padre le otorgó en venta por cuatro mil colones los derechos de la propiedad misma que está inscrita en el registro de la propiedad e hipoteca de la primera sección de oriente de San Miguel, El Salvador con fecha de 17 de febrero de 1982. A pesar de existir una escritura pública salvadoreña el juzgado de Marcala en el año 2002 emitió una sentencia resolutiva declarando dueño de la propiedad al señor Leonor Claros.
Los comisionados de El Salvador y Honduras dejaron claros que para cualquier trámite y entrega de título de propiedad no tienen que actuar de intermediarios abogados ni jueces porque esta acción solo es responsabilidad de las comisiones binacionales y para eso se ha seguido un proceso de depuración de expedientes por parte del gobierno salvadoreño y será el INA quien hará la entrega de los títulos de propiedad.
Publicado por El Marcalino
24 de agosto del 2008, edición 64
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