Como un delito económico estima el Consejo de Ministros del defenestrado presidente Manuel Zelaya la utilización, por parte del gobierno de facto de los fondos de Petrocaribe sin el reglamento que debió aprobar el Congreso Nacional. A continuación el comunicado.
I.El golpe de Estado político militar, que jurídicamente es tipificado como traición a la patria, ha sumido a la nación en una crisis política, social y económica mas compleja, sin precedentes en la historia política. Los mayores costos del golpe se reflejan en el plano humano y político, por los asesinatos, represión, ingobernabilidad, pérdida de libertad y de la democracia electoral, que se reinició tres décadas atrás. Paradójicamente, el Golpe de Estado ha creado una mayor conciencia y participación política en la ciudadanía, que es esencial para edificar una nueva nación. En el ámbito económico, los costos son enormes y las decisiones adoptadas por la dictadura golpista se han convertido en delitos recurrentes contra la economía, así definidos en la Constitución, que ellos mismos mancillaron con el Golpe. La actividad productiva ha disminuido a menos de la mitad, existiendo sectores como el turismo y la construcción, cuyo dinamismo se ha reducido a casi el 30%, las inversiones públicas son limitadas, nuevas inversiones privadas son casi inexistentes, se han utilizado reservas internacionales y desviado recursos de PETROCARIBE y del ALBA hacia fines distintos a los programados, las remesas enviadas por los hondureños residentes en el exterior se verán afectadas al limitar las visas en Estados Unidos y Europa, se han eliminado los recursos de la cooperación bilateral y multilateral externa, los niveles de exportación e importación, que son factores esenciales para el crecimiento, han sido significativamente afectados, los ingresos fiscales son mas limitados, aumentando con ello el déficit fiscal, se han utilizado irresponsablemente y desviado hacia fines distintos, recursos asignados a proyectos específicos, se han otorgado subsidios a municipios cuyas autoridades apoyaron el golpe, sin cumplir con los procedimientos normativos, mientras se penaliza a alcaldías en resistencia, se ha agravado la corrupción al haber otorgado contratos por la vía directa, beneficiando a sectores empresariales golpistas.
Por el Golpe Militar, Honduras se encuentra aislada del mundo, aunque la Honduras constitucional ha recibido la solidaridad de todos los países del planeta. Frente a esta situación combinada, es previsible que nos enfrentamos al peligro de mayor convulsión social, desempleo, pobreza, marginalidad, inflación, devaluación, depresión. La camarilla político-empresarial y militar, quien promovió, financió y ejecutó el Golpe, con sectores extremistas de la derecha internacional se han convertido en los únicos responsables de este caos político, económico y social.
II. Considerando que la actividad económica del sector público y privado se ha reducido a la mitad, solamente en estos dos meses desde el Golpe, la producción nacional ha disminuido en aproximadamente veinte mil millones de lempiras, o sea mas de mil millones de dólares, que representa el 10% del ingreso nacional anual. Con este impacto negativo, toda la sociedad hondureña está pagando los costos del golpe, al disminuir sus ingresos personales reales, aumentar el desempleo y la pobreza. Esta disminución de la actividad, producirá en el próximo año mayor inflación y pobreza.
III. Como con el Golpe ha aumentado el riesgo país económico, invertir en Honduras se hace más complejo y costoso. No se invierte en países en donde existe ingobernabilidad, ilegitimidad e ilegalidad. En este Escenario del Golpe, las inversiones son ilusión y la competitividad decrece.
IV. Al utilizar las reservas internacionales para financiar la gestión gubernamental improductiva, se sume a Honduras en una fuerte posibilidad de devaluación e inflación, cuyos costos los paga siempre la nación, los pobres y la clase media. En el día del Golpe, estas reservas ascendían aproximadamente a dos mil quinientos millones de dólares (US$2500 millones), equivalentes casi al presupuesto del gobierno central.
V. En adición a estas reservas internacionales, al darse el fatídico golpe militar, Honduras disponía de mas de ciento cincuenta millones de dólares (US$150 millones) depositados en el Banco Central y en el Banco de Desarrollo Agrícola provenientes de los programas del ALBA-PETROCARIBE de Venezuela, los cuales iban a ser utilizados para financiar a la micro y pequeña empresa, producción agrícola, vivienda social, entre otros. Estos recursos están siendo utilizados para fines distintos y sin disponer del reglamento de su uso que debió ser aprobado por el Congreso Nacional, lo cual además de delito es un crimen económico.
VI. La propuesta efectuada por un diputado golpista en el seno del Congreso para derogar el Tratado Internacional ALBA, aprobado el año anterior, demuestra el nivel de incoherencia, oscurantismo y de traición a la patria. Utilizan los recursos de PETROCARIBE, pero denuncian el Tratado. Desconocen que en la actual etapa de mundialización, se debe mantener relaciones con todos los países e ideologías. Es traición a la patria, porque se lesionan sus intereses, ya que el Tratado genera amplios beneficios a la nación, en condiciones más favorables que los créditos multilaterales.
VII. El Gobierno de facto lesiona mayormente a los hondureños pobres y de clase media, porque al limitarse las visas, existen menos posibilidades para obtener fuentes de ingreso, que en Honduras les es imposible, porque los mismos sectores golpistas históricamente han creado una sociedad de exclusión. En estas condiciones, es previsible que disminuyan las remesas enviadas por los hondureños residentes en el exterior, afectando con ello a toda la sociedad.
VIII. Al congelarse los recursos de la cooperación internacional, se paralizarán también todos los proyectos sociales, como la Red Solidaria, de infraestructura, como la Cuenta del Milenio, entre otros. Esto atrasa a la nación.
IX. Al disminuir la producción, las exportaciones, importaciones e ingresos fiscales también se contraen, agravando la situación caótica en que vive la mayoría de la sociedad hondureña.
X. Utilizar fondos públicos para subsidios dirigidos a alcaldes golpistas y no entregarlos a alcaldes en resistencia, demuestra inobjetablemente que la ley no se cumple y que estamos frente a delitos de corrupción. Del uso de estos recursos serán responsables tanto el Presidente de Facto como sus burócratas ministros y alcaldes golpistas. Instamos a la procuraduría, Fiscalía y Tribunal Superior de Cuentas a que cumplan con su obligación, porque si no lo hacen serán también corresponsables de este delito, al igual que lo hicieron al promover el Golpe Militar.
XI. Utilizar recursos de la banca privada para financiar las actividades del gobierno de facto, incluidos los pagos de salarios, lesiona también a la nación, no solamente porque son recursos altamente caros, sino porque todos los recursos utilizados son ilegales, reparables y además son improductivos.
XII. No puede existir diálogo nacional en un contexto de golpe de Estado y de dictadura. Para promover la integración nacional es imperativa la preeminencia de la democracia, libertad, legalidad y legitimidad.
REITERAMOS QUE:
I. Es fundamental que el país recupere la necesaria legalidad institucional, que transita obligatoriamente por la reinstalación del Presidente Manuel Zelaya en su cargo constitucional, como Presidente Constitucional de la República, al que ya manifestó públicamente que jamás renunciará. Caso contrario, no existe posibilidad alguna para que el proceso electoral, que debería concluir el próximo 29 de noviembre, pueda llevarse a cabo en condiciones de legitimidad y transparencia suficientes, que le den credibilidad y aceptación en la comunidad internacional. Las elecciones sólo pueden ser legítimas, aceptadas y creíbles en un clima de legalidad y gobernabilidad democrática, es decir en un ambiente regido por la Constitución y las leyes. El gobierno de facto no puede ni podrá nunca conceder credibilidad, transparencia ni respaldo jurídico al proceso electoral.
II. La obstinada actitud del régimen golpista y su renuencia a aceptar el contenido y espíritu del Acuerdo de San José, coloca a nuestro país en una lamentable situación de creciente aislamiento político y económico en el escenario internacional y agrava las condiciones de vida de la mayoría de la población. A mayor obstinación e insolencia, los países democráticos del mundo responderán con nuevas y más severas medidas de sanción y rechazo. Es por ello, que solicitamos a la Comunidad Internacional intensificar y personalizar las medidas de presión contra los actores involucrados en el Golpe de Estado, para no penalizar a toda la sociedad. Nuestro pueblo no merece sufrir las consecuencias de una situación creada, alimentada y sostenida por la torpeza, la ambición y la irresponsabilidad de Micheletti y su camarilla de golpistas.
III. A la vez que condenamos todas las acciones que este gobierno de facto ejecuta en contra del Pueblo Hondureño, reafirmamos nuestra confianza y voluntad a favor de la búsqueda de soluciones pacíficas y negociadas ante la grave crisis política, económica y social en que los golpistas del domingo negro 28 de junio han sumido a la patria.
IV. Reconocemos la lucha patriótica, valiente y pacífica que el Pueblo Hondureño ha sostenido desde el día del Golpe de Estado y nos solidarizamos con su inquebrantable voluntad de restaurar el orden constitucional.
V. Las soluciones no violentas tienen sus límites, cuando la población se encuentra frente a la represión y a la limitación de sus derechos ciudadanos. Estamos en la fase final para que esta paciencia ciudadana llegue a sus límites y busquen otras medidas que los golpistas lamentarán cuando estén fuera del poder.
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