CEJIL condena restricción de libertades fundamentales en Honduras

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) condena el decreto emitido por el gobierno de facto de Honduras, publicado el pasado sábado 26 de setiembre que suspende durante 45 días las garantías constitucionales, y a la vez repudia la toma militar y cierre, esta mañana, de Radio Globo y Canal 36. En una nota enviada desde Costa Rica, CEJIL también expresa su más profundo disgusto por la detención y expulsión de una misión preparatoria de la OEA que intentó ingresar ayer a Honduras. El decreto ejecutivo PCM-16-2009 impone nuevamente el toque de queda, suspende la libertad de tránsito, prohíbe las reuniones públicas no autorizadas por la policía o el ejército, impide la libre expresión y autoriza la suspensión de cualquier radioemisora o canal de televisión que ofenda funcionarios gubernamentales o atente contra resoluciones gubernamentales. Señala CEJIL que las amenazas contenidas en el mencionado decreto se concretaron esta mañana cuando efectivos militares procedieron a cerrar el Canal 36 y Radio Globo. En este último lugar representantes del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos (COFADEH) intentaron levantar un acta del cierre y se les impidió el acceso a las instalaciones por parte de las fuerzas de seguridad. Estas actuaciones dejan al descubierto las verdaderas intenciones represivas del gobierno de facto. En este contexto, en el cual, los y las hondureñas no pueden ejercer sus derechos civiles y políticos con libertad, es evidente que no existen las condiciones para que se lleve a cabo una campaña electoral. Actualmente no hay espacio para el debate político ni para que los ciudadanos se informen y se expresen sin temor a sufrir represalias. A los hechos antes citados se suma la muerte de Wendy Elisabeth Ávila, debido presuntamente a los efectos de gases lacrimógenos lanzados por fuerzas policiales y militares, y las agresiones sufridas por dos periodistas guatemaltecos, Alberto Cardona y Rony Sánchez, de Guatevisión, quienes fueron golpeados y sometidos a vejámenes por parte de elementos policiales. “Hacemos un llamado al Congreso de la República de Honduras para que conozca el decreto que establece la suspensión de las garantías constitucionales y lo impruebe, y pedimos a la Corte Suprema de Justicia que declare la inconstitucionalidad de ese documento. Para CEJIL es urgente que tanto el Congreso como la Corte suprema de Justicia intercedan para autorizar una visita urgente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que verifique la situación de derechos humanos en Honduras”, dijo la directora ejecutiva de CEJIL, Viviana Krsticevic.